EL PRINCIPIO LEGAL QUE REGULA LA RELACION ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y EL GOBIERNO EN ESTADOS UNIDOS




                                                                     

     Alexander López

El sistema universitario de Estados Unidos es sin duda uno de los más estudiados del mundo. Esta atención es perfectamente explicable por el éxito que se le atribuye y la gran influencia que tiene sobre otros modelos educativos. Sin embargo, hay aspectos que no se conocen suficientemente, aunque son importantes para entender la articulación y significado del entramado institucional en ese país. Una dimensión que vale la pena examinar es la base legal que permite el funcionamiento del muy variado y amplio sistema de educación superior. En esta aproximación tendremos presente en todo momento el contexto histórico de formación de la cultura estadounidense, ya que allí se encuentran algunas de las claves que nos ayudarán a hacer una mejor interpretación. Como dice Luther S. Luedtke (1990) en los años primigenios se revelaron tanto los rasgos de unidad como de diversidad que luego serían señalados como inherentes a esta nacionalidad.

No cabe duda de que los fundamentos del carácter de un pueblo se forman mucho antes de que estos lleguen a ser reconocidos conscientemente. La cuestión del carácter estadounidense distintivo fue discutible durante los primeros 100 años de la nación, y lo fue aún más, después de la colonización que tuvo lugar en los albores del siglo XVII. Los primeros constructores de asentamientos, en su mayoría británicos, se consideraban a sí mismos como colonizadores y como una extensión de sus respectivos imperios europeos. No fue sino hasta principios del siglo XVIII cuando su interés patrimonial y de sobrevivencia en la nueva tierra, aunado a su gran distancia geográfica, comercial y emocional con respecto a Europa, los indujeron a concebir el sentimiento de una sociedad distintiva por separado (Luedtke, 1990: 11).

Siguen a continuación algunas notas sobre la relevancia de estudiar las bases legales de la educación superior en Estados Unidos. Bien vale la pena el esfuerzo de sistematizar información y el trabajo de revisar su historia y su significado.

Este artículo examina las bases legales de uno de los sistemas de educación superior más importantes del mundo. Sin duda alguna constituye un paradigma y por lo mismo influye en la formación de conceptos y prácticas en otras partes. América Latina y Venezuela en particular han tenido una relación muy estrecha con el sistema de educación superior de Estados Unidos. Un gran número de profesionales de la región han realizado estudios en ese país. La práctica enseña que el  aprovechamiento de las experiencias en otros contextos educativos requiere el conocimiento sistemático de las novedades para seleccionar y adaptar adecuadamente.

Además es muy importante conocer las formas educativas de otros países y ser capaces de analizarlas comparativamente. Ese esfuerzo de aprender de las experiencias internacionales ayuda a formar uno de los atributos más valorados de un ciudadano de hoy, cuando es aceptado el carácter internacional y global de la cultura humana.

Para responder parcialmente al requerimiento anterior, este artículo esboza una visión sociológica del principio legal que regula la relación entre las instituciones de educación superior y el gobierno en Estados Unidos. Resulta pertinente delimitar qué se entiende por el principio legal en este caso. Principalmente nos referimos a una noción que incluye: 1) las bases históricas y culturales de la relación entre las instituciones educativas y el gobierno, 2) fuentes fundamentales de la legislación aplicable a la educación superior, y 3) tendencias visibles en el marco legal.

Se abordará principalmente el tipo de relación que establecen los colegios y universidades de Estados Unidos con  la sociedad y particularmente con el gobierno. La llamada dicotomía público-privado   constituye un punto clave de las bases históricas y culturales de esa relación. Luego veremos como toma ascendencia el peso del financiamiento superpuesto a las determinaciones de la propiedad. Se tomará en consideración la noción de autonomía universitaria que si bien se considera uno de atributos más preciados de las instituciones, también comprende la obligación de ser relevantes y prestar un servicio a la comunidad.

Comenzaremos con una reseña histórica de las instituciones universitarias en Estados Unidos. Seguidamente se discutirán tópicos ligados a los diversos momentos en los cuales las universidades definieron nuevos vínculos con la sociedad y con el gobierno. Esto se refiere tanto a acontecimientos históricos importantes como a las fuentes legales que rigen la educación superior. El artículo culmina con una síntesis de las corrientes actuales, interpretadas desde la perspectiva de la relación entre las instituciones y el gobierno.

LA TRADICION HISTORICA DE LA EDUCACION   SUPERIOR EN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos tiene una tradición muy específica y reconocida en materia de educación superior. El origen de esta tradición se remonta a los tiempos de los pioneros que se establecieron en Nueva Inglaterra para vivir según sus propios patrones de vida. La comunidad de valores constituía la inspiración para todas las iniciativas de esos primeros pobladores. La fuerza religiosa unificaba y movía la acción de los puritanos[1] que poblaron los territorios de lo que en el futuro llegaría a constituir la nación.

Ese espíritu religioso desempeñó el papel principal en la fundación del Colegio Harvard en 1636[2]. El propósito que guió a los fundadores era establecer una institución que preparara a los jóvenes para la vida secular basándose en la tradición de los estudios liberales. Por supuesto, en concordancia  con el ambiente religioso de la época Harvard también cumplió la función de formar a los futuros clérigos para llenar las necesidades de la comunidad religiosa. La educación en general se concebía como un medio para aumentar las potencialidades del individuo en la comunidad (Cremin, 1970).

Las instituciones educativas tenían un carácter religioso: esto quiere decir que se vinculaban a una denominación específica. En ese sentido las nuevas instituciones intentaron reproducir las características de los colegios británicos. Sin embargo, es importante advertir que esa traslación se hizo de acuerdo con  las condiciones específicas de las comunidades en formación. En sus comienzos, el Colegio Harvard fue una organización monolítica bajo la preceptoría de la ortodoxia  de la iglesia calvinista[3].

En general, como dice Joel Spring (1986) el objetivo fundamental de la educación era mantener las creencias religiosas protestantes y facilitar la estabilidad social. En este sentido es necesario subrayar  que existió una estrecha relación entre la educación impartida y la necesidad de apoyar un determinado orden, que efectivamente  guardaba correspondencias en lo social y en lo religioso[4].

Sin embargo, estos cimientos educativos tuvieron un carácter particularmente unitario debido a que Harvard fue fundada cuando una sola fuerza teológica y religiosa dominaba la vida de Nueva Inglaterra. Según  Richard Hofstadter y Walter Metzger (1961),  en ese tiempo no se percibía aún una justificación para la libertad académica. La ausencia de desacuerdos sobre el tema educativo se debió justamente a la unidad religiosa. Según estos autores, la libertad académica está relacionada históricamente con la existencia de una diversidad intelectual y eso no existía todavía[5].

El siglo XVII dejó una marca en la formación de la cultura académica. Según Spring (1986) en este siglo tuvo lugar una revolución cultural que trajo dos grandes manifestaciones. La primera fue la convicción de que la libertad de pensamiento era esencial para el desarrollo de la sociedad. La segunda fue el desarrollo de una conciencia acerca de las condiciones sociales que afectaban el desenvolvimiento de la vida intelectual. En general esto creó el ambiente para el desarrollo de una escuela de filosofía moral que daría sus  frutos más importantes en el siglo XIX.

En el siglo XVIII se produjo otro cambio en la orientación de las instituciones de educación superior. Ese cambio significó la introducción de nuevas actitudes en la vida de Harvard, en donde germinó una tendencia hacia la tolerancia y la convivencia. En general, las instituciones educativas se regirían por un patrón de tolerancia. Las innovaciones educativas de Nueva Inglaterra constituyeron influencias culturales para otras provincias (Grob y Billias, 1987).

Ya para mediados del siglo XVIII se advierten las características propias del sistema de educación superior de Estados Unidos, bien diferenciado de  los sistemas de otros países, inclusive del británico. De acuerdo con  Hofstadter y Metzger (1961), los colegios estadounidenses agregaron a la tradición educativa varios rasgos en lo académico y en lo administrativo. En primer lugar, en cuanto a la tradición religiosa, instituyeron un nuevo patrón de apoyo privado con una dosis de supervisión del Estado. En segundo lugar, los colegios de Estados Unidos evitaron establecer una marcada relación con la formación de profesionales, y le dieron prioridad a los estudios liberales. En tercer lugar, el gobierno de los colegios fue ejercido por un consejo de directores externos a la comunidad académica. Estos rasgos se mantienen en alguna medida, muy especialmente el último relacionado con el gobierno por un consejo de directores externos.

La nueva configuración de los gobiernos de los colegios se originó en la representación interreligiosa con la inclusión de miembros de diferentes iglesias, así como representantes de los gobiernos estadales en los consejos directivos. Ninguna secta era suficientemente fuerte para imponer una supremacía. Como se dijo anteriormente, esta forma de organización surgió de las propias condiciones históricas, no fue prevista en ningún momento por los fundadores de las instituciones educativas.

En el Colegio Princeton (1746)  ya se puede observar el patrón de gobierno característico de los colegios privados en Estados Unidos: control a través de un consejo de miembros no residentes y no académicos; la presencia de consejeros clérigos, ya sea en igual número que los laicos, ya sea en número mayor; una afiliación religiosa de algún tipo pero con la participación de estudiantes de otras sectas. Se nota también la presencia ocasional de representantes del estado en los consejos directivos y en algunos casos el apoyo financiero público (Hoftadter y Metzger, 1961).

         LA CULTURA COMO FUENTE DEL MARCO LEGAL

El marco legal es una expresión de la cultura y es clave para entender el tipo de autonomía que recibe una institución dada. Como se sabe, los colegios nacieron como instituciones autónomas en sus relaciones con el gobierno. Durante muchos años el tema de la interferencia por parte de la iglesia u otra institución privada no tuvo una gran relevancia ya que en la cultura no se planteaba una disputa con respecto al control de las instituciones educativas. La defensa de la libertad académica y administrativa  se trasformó en un tema candente a medida que la relación de las instituciones educativas y la sociedad (particularmente los estados) se hizo más compleja y ya los patrones iniciales de relación no se adecuaban suficientemente a las nuevas situaciones (Hoftadter, Miller y Aaron, 1967; Rogers, 1958).

En vista de la importancia de las fuentes normativas es conveniente presentar una visión general del modelo legal que rige la educación superior en Estados Unidos. Empezamos con la necesaria aclaratoria de que en ese país no existe un cuerpo especial de leyes dedicado exclusivamente a la educación superior, como si existe en muchos otros países, particularmente en la tradición latina. En Estados Unidos la ley de educación superior está expresada en la Constitución Nacional y en las constituciones estatales. Además hay otros          cuerpos normativos en diferentes niveles (federal, estadal y local), que norman de alguna manera y hasta cierto punto a los colegios y universidades.

Durante muchos años ese marco legal tuvo un carácter muy diferente de lo que hoy conocemos. Desde los tiempos de la fundación de los primeros colegios, el ambiente académico fue valorado por tener un carácter muy especial. Se le consideraba delicado y complejo. Por lo mismo debía estar en manos de personas especializadas. Por ello se pensaba que debía haber un mínimo de regulaciones y requerimientos oficiales para interferir lo menos posible con el desarrollo académico y administrativo de los colegios.

Según William Kaplin (1980), en la pasada generación, algunos hechos de singular importancia y en general las cambiantes circunstancias causaron una revolución en la relación entre la academia y la ley. El gobierno federal y los gobiernos estadales se involucraron en la educación superior, creando muchos requerimientos legales y nuevos desafíos institucionales. Los estudiantes, los profesores y los empleados, así como miembros de la comunidad, se sienten más inclinados y más aptos para desafiar legalmente a las instituciones y sus representantes.

En los últimos cincuenta años se ha visto un aumento dramático en el número, tamaño y variedad de los colegios y universidades. La población académica ha cambiado debido al crecimiento de la comunidad educativa y la diversidad de las fuerzas sociales, económicas y étnicas que han entrado a formar parte de la vida educativa en todos los niveles (Jonhstone, 1991; Altbach, Gumport y Berdalh, 2011).

Además, las universidades tienen que responder a las necesidades de los gobiernos e instituciones privadas en diferentes campos del conocimiento (Powers y otros, 1988). Existen muchos proyectos de investigación y programas educativos financiados  o promovidos por el gobierno. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta la tradición de las fundaciones privadas  (como la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller) que desde hace mucho tiempo han apoyado el crecimiento de la educación superior. Estas instituciones distribuyen los fondos de acuerdo con criterios propios, lo que a la larga puede representar un freno a la libertad académica en el sentido tradicional (Johnstone, 1991).

Según Michael C. Smith y Richard Fossey (1995),  las instituciones de educación superior han atravesado  lo que puede considerarse una explosión de asuntos legales. Se ha asistido a acciones de desobediencia intencional como las protestas en contra de la guerra de Viet Nam y la lucha por los derechos civiles.  Las relaciones con el gobierno se han complicado notablemente. Han aparecido nuevas formas de crímenes que se unen a las ofensas tradicionales. Por ejemplo, el crecimiento de los fondos federales ha creado nuevas oportunidades para fraude y abusos. Esto ha hecho que las universidades tengan que desarrollar métodos más afinados para el control de las actividades de investigación. El gran aumento de los delitos relacionados con computadoras ha exigido formas más elaboradas de aplicar la ley. Igualmente las cortes están más inclinadas a considerar la responsabilidad de los colegios y universidades en daños causados por delitos cometidos en las sedes académicas.

Otro importante factor ha sido el desarrollo de los movimientos sociales y políticos, especialmente aquellos movimientos relacionados con los derechos civiles. En este renglón hay que resaltar el movimiento de la minoría negra y en general la ampliación de las oportunidades educativas para todos los sectores. La fuerza de estos movimientos ha inspirado leyes que inciden en la actividad educativa. Las propias instituciones han organizado sus estatutos para cumplir con exigencias más amplias que revelan la cultura política de un tiempo.

A los movimientos civiles, de gran fuerza a partir de la década de 1960, se ha unido más recientemente el fervor de la lucha por la diversidad institucional y cultural. Aquí hay que mencionar en primer lugar los distintos movimientos feministas y las luchas de los homosexuales. También hay considerar la presencia de una mayor diversidad étnica y cultural que ha traído como consecuencia demandas importantes no sólo en cuanto al acceso a la educación sino también con respecto al tipo de educación y la orientación de los programas. Estas luchas conducen a cambios significativos, los cuales se revierten en programas y regulaciones que las instituciones deben seguir.

Sin duda, ha habido una expansión muy notable de los asuntos legales en la vida de los colegios y universidades en Estados Unidos; han aparecido nuevos tópicos que representan problemas legales muy importantes para las instituciones (como por ejemplo, tópicos relacionados con inmigración, acoso sexual, condiciones de contratación de los profesores, discriminación en el trabajo, diversidad cultural, uso de las computadoras, etc.). Esto ha evidenciado la necesidad de dirigir la atención hacia estas situaciones inéditas, por lo cual se ha extendido la opinión de que el papel de la ley en las instituciones de educación superior se ha convertido en algo muy oneroso. Pero, según Kaplin (1985), no es suficiente si la evaluación se detiene sólo en los aspectos financieros, el tiempo y el papeleo que obviamente conlleva la acción judicial. Considera el autor que es necesario entrar a considerar la naturaleza y    pertinencia de las disputas.

FUENTES DE LA LEGISLACION APLICABLE A LA EDUCACION EN ESTADOS UNIDOS

En esta sección presentaremos una visión muy resumida de las fuentes tradicionales que en conjunto pueden considerarse como la Ley de Educación Superior en Estados Unidos. Seguiremos principalmente los estudios realizados por William Kaplin (1980, 1985) quien no sólo ha estudiado el marco legal sino que también ha mantenido una constante actualización de ese marco tan cambiante[6].

Las primeras y fundamentales fuentes de la legislación aplicable a los colegios y universidades en Estados Unidos son la Constitución Federal y las constituciones estadales. Estas establecen la naturaleza y extensión del poder gubernamental. La Constitución Federal no contiene consideraciones particulares relacionadas con la educación superior. Sin embargo, la Constitución Federal establece los derechos y las garantías individuales que son aplicables a todos los ciudadanos, incluyendo naturalmente a los miembros de las comunidades académicas[7]. Por otra parte, la constitución de los estados suelen incluir consideraciones específicas con respecto a los colegios y universidades que pertenecen a sistemas públicos estadales y, en algunos casos, a colegios universitarios municipales. Asimismo, las constituciones estadales pueden establecer departamentos regionales de educación que ejercen cierta influencia sobre la educación superior en general (Campbell y otros, 1980).

Además de las regulaciones que se desprenden de la Constitución Federal y las constituciones estadales, hay otras normativas establecidas por el gobierno federal o por los gobiernos estadales o locales. Estas regulaciones son conocidas como estatutos  o leyes que se aplican a tópicos específicos que afectan la relación entre el gobierno y las instituciones educativas. En el nivel estadal, tenemos los siguientes ejemplos: las leyes que regulan los sistemas educativos estadales, leyes que crean unidades de coordinación institucional en el estado, leyes que regulan la autorización y funcionamiento de las instituciones. En el nivel federal, tenemos los siguientes ejemplos: los estatutos que regulan las ayudas federales a la educación impartida en los estados  y las leyes generales que se aplican también a otras instituciones (ley de impuesto, leyes relacionadas con los derechos civiles, empleo, etc.).

Las regulaciones administrativas constituyen la fuente legal en  más rápida expansión. Estas directivas, emanadas de agencias del Gobierno Federal o de los gobiernos estadales, establecen particularmente las condiciones para que las instituciones educativas sean elegibles para recibir fondos públicos o para contratar con el gobierno federal. Estas regulaciones son muy importantes debido a que definen las condiciones de participación de las instituciones de educación superior en los programas oficiales. Establecen asimismo los ámbitos de actividad que la instancia gubernamental ha delegado en la institución educativa.

Otra fuente de las regulaciones gubernamentales está constituida por las llamadas adjudicaciones administrativas. Estas expresan la capacidad del gobierno de entrar a considerar asuntos polémicos y tomar decisiones en relación con las disputas en las que participan particulares. Por estas adjudicaciones, el gobierno puede intervenir como árbitro para restablecer las condiciones normales que se han visto afectadas debido a una situación dada, como por ejemplo, en el caso de una disputa sobre discriminación educativa por motivos nacionales o étnicos. Otro ejemplo es la intervención de las oficinas laborales en asuntos relacionados con prácticas discriminatorias en el trabajo.

Las decisiones de las cortes representan otra importante fuente de la legislación que regula la educación superior en Estados Unidos. Estas jurisprudencias se forman cuando las cortes federales y estadales emiten fallos que afectan directamente o indirectamente la educación superior. Estas decisiones tienen una aplicación directa o potencial en el desarrollo de la educación superior y crean lo que se conoce como el derecho común.

Es preciso mencionar las fuentes legales que surgen de la vida universitaria misma. Una de esas fuentes son las regulaciones promulgadas por instituciones particulares con el fin de establecer el patrón de conducta considerado apropiado para la vida institucional. Otra fuente legal que se desarrolla internamente en las instituciones son los contratos institucionales que sirven de marcos reguladores de las relaciones entre la institución educativa y los profesores, los estudiantes, los empleados e incluso con personas o instituciones ajenas a la comunidad académica. Estas se aplican por lo general a asuntos específicos o a tipos de relaciones particulares.

Finalmente se mencionará otro tipo de fuente legal que tiene su origen en la propia institución. No tiene un carácter formal, pero poseen una gran importancia. Aquí debemos situar las costumbres y las tradiciones que caracterizan la vida en los colegios y universidades. Esta fuente tiene que ver con concepciones y prácticas que se consideran apropiadas en el contexto de una institución educativa en particular. Estas regulaciones no suplantan las normas formales sino que las complementan y pueden llegar a ser una guía muy importante para la toma de decisiones.

         LA DICOTOMIA PUBLICO-PRIVADO

Hay un aspecto que ha influido la forma como los colegios y las  universidades son concebidas por el marco legal que las regula. Se trata de la llamada "dicotomía público-privado". En este sentido es necesario aclarar que los primeros colegios no pueden catalogarse como instituciones privadas. La razón para esta afirmación es que durante la colonia no existía una clara distinción entre las esferas públicas y privadas. Resulta sumamente interesante la continuidad existente entre las dos esferas y entre la dimensión personal y colectiva, lo cual es en gran parte aplicable a la educación pero también en un sentido más amplio a lo secular y lo religioso. Esta peculiar situación de la cultura colonial hacía que la comunidad percibiera a los colegios como patrimonios públicos aun siendo privados. Al mismo tiempo, como afirma Jurgen Herbs (1973), el modo de organización de los colegios coloniales se basaba en una participación de laicos y religiosos.

La costumbre y la ley le otorgan consideración diferente a los dos tipos de instituciones. La ley protege a las instituciones privadas del control federal y estadal, mientras que las instituciones públicas usualmente son colocadas bajo el control directo de las autoridades del gobierno, federal, estadal o local. En general, si la institución es pública, los gobiernos pueden alterar, ampliar o cerrar completamente la institución. Al menos en teoría, las instituciones privadas conservan el control de las decisiones que tienen que ver con sus estatutos y con el desarrollo de las actividades académicas.

De acuerdo con William Kaplin (1980), en la práctica el gobierno retiene una gran autoridad para regular las instituciones privadas. Pero es obvio que el gobierno regula menos a las universidades y colegios privados  que a las universidades y colegios públicos. Hay que hacer la salvedad de que las regulaciones federales tienen una cierta diferenciación que se desprende del hecho de que el gobierno federal trata de aplicar sus regulaciones a todas las instituciones por igual, sean estas públicas o privadas.

La dicotomía surgió en un determinado contexto histórico y como parte de una lenta transformación de la cultura. Es decir, la dicotomía no era evidente en los orígenes coloniales de los colegios. Al contrario, como se afirmó anteriormente, existía una cierta continuidad que se reflejaba en la percepción colonial acerca de sus instituciones educativas. Los colegios eran públicos y privados al mismo tiempo.

El célebre caso del Colegio Darmouth  de 1819 es considerado como el punto de referencia para el estudio histórico de la dicotomía público-privado. Este caso se refiere a una histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia que trazó la línea divisoria entre las dos esferas. Con su dictamen la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos negó el intento del gobierno del estado de New Hampshire de asumir el control del Colegio Darmouth debido a que esta acción violaría previsiones constitucionales[8].

El rasgo más sobresaliente de la dicotomía pública privada es que las instituciones públicas y sus representantes están sometidos a las disposiciones de la Constitución Federal como funcionarios públicos. La constitución considera que las instituciones educativas públicas son extensiones de la estructura gubernamental. Por lo tanto, la relación entre las decisiones gubernamentales y las decisiones académicas es estrecha. Las instituciones privadas y sus funcionarios tienen una consideración muy diferente. La Constitución no limita sus actividades directamente porque la Constitución de Estados Unidos fue diseñada para limitar únicamente el ejercicio del poder gubernamental.

Por otra parte, la distinción puede influir actos dentro de una institución particular según el tipo de relaciones con las actividades del gobierno. En este sentido resulta sumamente interesante que en algunos casos quien aplica la ley tiene que determinar en qué aspecto la institución expresa una acción privada o una acción pública. De hecho, lo que se discute es el alcance de la influencia pública debido al financiamiento de las actividades docentes y de investigación, o debido a los convenios de servicios o de igualdad de oportunidades. El punto constituye una de las más preocupaciones más recientes y que todavía desvela a quienes dirigen las comunidades académicas.

EL NUEVO SIGNIFICADO DE LA DICOTOMIA PUBLICO PRIVADO

Podemos decir que hay una tendencia a desdibujar la tradicional distinción basada en la dicotomía público-privado. Esto puede deberse al hecho de que las relaciones de propiedad, que estaban en el origen de la distinción, han cedido su supremacía como base de la tradicional heterogeneidad de los colegios y universidades en Estados Unidos. Parece que implícitamente se le ha empezado a otorgar una gran importancia a la fuente de financiamiento en la dirección de los programas educativos, más allá de los atributos asentados en los títulos y en los estatutos.

En este sentido, las instituciones educativas han tenido que admitir la imposibilidad de adelantar los programas académicos con el aporte único de los estudiantes y sus familias. El financiamiento del sector privado puede considerarse insuficiente para las grandes universidades de élite (Clark, 1997). En especial los programas de investigación tienden a ser tan costosos que no se pueden ejecutar sin el apoyo del gobierno federal, estatal o local[9].

Asimismo, los propios requerimientos legales en cuanto a oportunidades educativas y control del rendimiento aumentan considerablemente los costos y responsabilidades dentro de cada institución. Esto, por supuesto, ha multiplicado las fuentes de participación e influencia del Gobierno, abriendo espacio para la aplicación de regulaciones y controles. Del mismo modo, son más numerosas las áreas en las cuales se aplican las regulaciones que anteriormente se atribuían únicamente a las instituciones educativas públicas. Pero debe acotarse que esa influencia del gobierno en el financiamiento de las universidades no ha significado un control focalizado por parte del gobierno federal. Luego del crecimiento del financiamiento público a lo largo del siglo veinte,  la situación actual refleja una gran dispersión y descentralización de los programas gubernamentales con impacto en las instituciones de educación superior (Altbach, Gumport y Berdalh, 2011)[10].

La comunidad circundante, por su parte, tiende a considerarse con más derecho a opinar en relación con los programas y el rendimiento de las instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas. Como contrapartida, las instituciones educativas reconocen que tienen una responsabilidad con sus comunidades y tienden a establecer nexos muy peculiares por medio de proyectos locales y programas de extensión. 

        

CONCLUSIONES

La relación legal de las instituciones de educación superior y su contexto constituye un tema delicado y permanente en Estados Unidos. Pocos perduran tanto en la polémica pública, especialmente en los aspectos de la relación con los órganos del gobierno federal, estatal o local. Sin embargo, más allá de esa permanencia lo más relevante es interpretar la noción histórica de esa relación legal y el marco de autonomía que se le concede a las instituciones.

El marco legal de las instituciones universitarias en Estados Unidos ha cambiado con el tiempo. Es uno de los puntos que se desprenden de las páginas anteriores.  Esos cambios han tenido repercusión en la noción de autonomía y en el concepto de independencia institucional. También ha afectado  la relación entre las instituciones educativas, el gobierno y las comunidades.

Con respecto a la autonomía, en Estados Unidos hay dos visiones. Primero, encontramos a la posición según la cual las universidades y demás instituciones de la sociedad son iguales. Las universidades no pueden escapar a los requerimientos de las leyes de una comunidad democrática. Además, las universidades y colegios cumplen  una función tan importante en las sociedades modernas que no pueden quedar fuera de las regulaciones sociales. El reconocimiento de esa función es suficiente para justificar el apoyo que la sociedad ha brindado a las instituciones académicas, lo cual se manifiesta tanto en apoyo material como político. Pero las universidades y colegios no pueden constituirse en centros de privilegios; como cualquier otra institución son objeto de la  regulación establecida por la sociedad dentro de los límites necesarios. Esta posición contempla un término para su propia aplicación, pues ninguna institución de la sociedad debe ser tan regulada que se menoscaben sus funciones.

La segunda posición considera que las universidades no son iguales a las otras instituciones, por lo tanto no se pueden aplicar aquí criterios generalizados. En particular, las universidades se diferencian de las instituciones gubernamentales. Cada tipo de institución tiene su razón para existir y desarrollarse. Tomando en cuenta los rasgos que son propios de los centros académicos, es muy importante que las universidades no sean reguladas de la misma forma que se hace con el resto de las instituciones sociales.

Lo cierto es que las universidades se encuentran en el centro de esta controversia que a cada momento parece tomar nuevas formas. En Estados Unidos hemos visto como la autonomía se originó como una noción implícita que no se apoyaba en la propiedad de los centros de enseñanza, pues los primeros colegios, siendo privados, constituían un patrimonio colectivo. Luego se transformó en un rasgo ligado a la dicotomía público privado; más adelante, ya en el presente, parece fundarse en la capacidad de las instituciones para la producción académica, una vez que la propiedad ha perdido fuerza como el elemento de distinción.

Las nuevas corrientes de la sociedad insinúan  contenidos para la actividad académica y también para la forma de entender la relación con la sociedad. En la actualidad la concepción que considera a la universidad como una isla de excelencia se ve asediada por muchas demandas que vienen sobre todo de los movimientos sociales y culturales contemporáneos. Todavía muchos académicos conciben a la universidad como un santuario del conocimiento; para ellos la universidad es el campo para el desarrollo de los talentos más brillantes. Consideran que la universidad es el último reducto de la meritocracia. Sin embargo, a estos académicos se les ve, quizás por primera vez en la historia de Estados Unidos, firmando remitidos en la prensa porque las tendencias populares “han invadido el mundo académico y amenazan con degradarlo todo”. Algunos se lamentan pues opinan que ya no se diferencia entre Shakespeare y las formas degradas de la literatura de masas.

Lo que está en juego no es tanto la autonomía universitaria, en el sentido de la relación institucional con el gobierno u otras instancias federales, estatales o locales.  Los académicos tradicionales se levantan en nombre de la propia razón de ser de la universidad, pues según ellos está en juego el principio académico fundamental que es el origen y centro suprahistórico de la educación superior. Para quienes defienden la integridad de la academia, se trata de una experiencia amarga, pues pone de manifiesto el peso de las circunstancias históricas que en este momento están signadas por un cambio de valores muy profundo, cambio que se produce en un contexto donde se pone en duda la supremacía de los grandes valores. La institución educativa y sus funciones no permanecen invariables; naturalmente también se transforman las prioridades para llenar de contenido la experiencia educativa.

Esta es pues una de las grandes fuerzas que tocan muy de cerca la educación superior en Estados Unidos y exigen fundamentalmente que el rendimiento académico y a evaluación de los méritos sigan siendo el centro de las instituciones. Tiene vertientes internas y externas. Tiene un gran poder como para influir notablemente el desarrollo de los programas así como el nexo con el mundo exterior. 

Referencias

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[1] Puritano en Estados Unidos se utiliza para identificar la filosofía religiosa e intelectual que caracterizaba a los primeros pobladores de Nueva Inglaterra (Grob y Athan, 1987).

[2] La fundación de Harvard es reconocida como el primer acto de los colonos luego de arribar  a las nuevas tierras. La donación de dinero y libros hecha por John Harvard permitió a la comunidad dar este importante paso. Es interesante que la creación de Harvard antecedió a la fundación de la escuela que formaría a sus futuros estudiantes (Spring, 1986).

[3] Según Francis M. Rogers (1958), los norteamericanos añadieron algo nuevo a la tradición británica: la noción de igualdad de oportunidades, que se transformaría en uno de las metas de la educación superior en el siglo XX.

[4] Spring  (1988) se refiere a las varias interpretaciones acerca del sentido social de las primeras instituciones educativas: entre quienes observan allí un principio del sistema educativo democratizado y quienes consideran que fue establecido para proteger una configuración social aceptación de una autoridad que no era implícitamente democrática.

[5] Es importante reconocer las diferencias regionales que se manifestaron en la formación de Estados Unidos. Aquí se destacan casos relevantes como la fundación de Harvard y la aparición de tendencias que marcaron la sociedad como un todo. Por ejemplo,  en Nueva Inglaterra se desarrolló un interés muy marcado por el establecimiento de un sistema educativo mientras en Virginia la educación tuvo un carácter secundario, debido a que la vida colonial tuvo el carácter de una empresa basada en la ganancia

[6] También se recomiendan las siguientes trabajos para estudiar las fuentes legales de la educación superior en Estados Unidos:  Kaplan y Lee, 1995; Edwards y  Nordin, 1979; Denesy, 1994; Carey y Craight, 1969; Gladieux y Wolanin, 1976). 

[7] El Gobierno Federal como tal tiene una escasa influencia en la administración de los colegios y universidades. Más importante es la influencia ejercida por medio de  órganos específicos que distribuyen los recursos para la investigación. Por ejemplo, la Fundación Nacional de Ciencias, el Instituto Nacional de Salud, el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura (Johnstone, 1991: 471.)

[8] En decisiones posteriores de 1923, 1925 y 1927 la Corte reafirmó el precedente de 1819 al limitar  las interferencias gubernamentales en las actividades de enseñanza y aprendizaje (Kaplin, 1980).

[9] Para 1988, el 60 % del gasto en investigación era patrocinado por el Gobierno Federal, de acuerdo con las estadísticas dadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos (Johnstone, 1991).

[10] Las diferentes formas de ayuda a los estudiantes universitarios se han transformado en un punto focal de las políticas educativas, lo cual ha hecho aparecer diferentes normativas que se han mantenido en el tiempo. El objetivo fundamental es garantizar el acceso a la educación superior a aquellos jóvenes provenientes de familias que no pueden afrontar los crecientes costos de una educación universitaria.