Seguir a @EspacioGlobalEd Educación Comparada y Global: Artículo 2001 23 de agosto de 2012

sábado, 25 de agosto de 2012

Artículo 2001 23 de agosto de 2012


El derecho a la educación




Alexander López


La Constitución Nacional garantiza el derecho a la educación sobre la base de su  carácter fundamental y prioritario para cualquier sociedad.  Igualmente la Ley Orgánica de Educación reafirma este postulado y resalta la importancia que tiene para el desarrollo integral de cada persona. El derecho a la educación también tiene bases en tratados y acuerdos internacionales. Se trata de uno de los principios más reconocidos, al punto de estar contemplado en marcos institucionales con una larga tradición como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.

La educación es muy importante porque posibilita y potencia el ejercicio de otros derechos. Tiene un impacto inmediato en el acceso a la cultura y a la información relevante para el mejoramiento de las condiciones de vida de la persona y su grupo familiar.  Igualmente da herramientas al individuo para llenar de contenido su vida ciudadana. Una persona educada puede ser crítica frente al Estado y los diferentes niveles del Gobierno (nacional, regional y local). Es por consiguiente un factor importante para el ejercicio de los derechos políticos de la persona, lo cual es clave en una sociedad democrática.  

Simplificando, el derecho a la educación contempla al menos dos dimensiones. En primer lugar,  el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los recursos educativos de la sociedad. En el caso venezolano la Constitución establece la obligatoriedad  de la educación hasta el nivel medio diversificado y la gratuidad hasta los estudios de pregrado universitario. Pero debemos subrayar que el derecho a la educación implica también el respeto por parte del Estado a la libertad que tienen el individuo y los padres  a escoger el tipo de educación, como por ejemplo, estudiar  en una escuela privada o en una escuela católica.

Como vemos, nos estamos refiriendo a un asunto muy delicado que obliga a reconocer los intereses legítimos del Estado y del individuo y la familia. En una sociedad democrática tenemos que estar preparados para debatir y alcanzar consensos para que el derecho a la educación sea una realidad vivida.

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