Aprender de Amuay
Alexander López
l
Varios expertos internacionales han señalado que vivimos en
la sociedad del riesgo. Alertan sobre
las diferentes formas de eventos catastróficos que pueden afectar la vida de los seres humanos en las sociedades
globales. De manera que básicamente nos
están advirtiendo que debemos estar
preparados e incorporar el riesgo a
nuestras vidas, no para aceptar pasivamente las consecuencias negativas de los
acontecimientos sino para evitarlas o al menos para reducirlas al mínimo.
Por eso cuando ocurren hechos trágicos como la explosión de
Amuay en la Península de Paraguaná, es fundamental que saquemos las enseñanzas
para justamente reducir el riesgo presente y futuro. Son muchas las
interrogantes y seguramente los expertos reflexionarán sobre estos temas en los
días sucesivos.
Nosotros vamos a considerar brevemente el punto de la
responsabilidad por lo ocurrido. Todos los que asumen una posición de poder
tienen una gran responsabilidad por el resultado de su gestión. Es algo que
debe enfatizarse, lo peor que puede pasar es que se le quite el valor
correspondiente. Esto lo digo porque existe la tendencia a restarle
importancia, en medio de un contexto en el cual se dice que el hecho en
cuestión “está politizado”. Cuando se dice que algo “está politizado” se
entiende implícitamente que no importa lo ocurrido; no es relevante si se actuó
bien o mal, lo que interesa es el impacto político de los acontecimientos. Los
funcionarios ven como su responsabilidad desaparece, reciben el apoyo incondicional de sus jefes y
de sus partidos independientemente de lo
que hayan hecho o dejado de hacer. Correlativamente los ciudadanos se dan
cuenta de que están en la indefensión, porque todo se transforma en parte de un
trasunto electoral o de poder que en nada beneficia al colectivo afectado.
Los ciudadanos tenemos que aprender que es imprescindible
preservar el valor de la idea de responsabilidad del funcionario, que tiene bases legales y
morales. Es decir, quien no cumpla con las obligaciones inherentes a su
cargo debe asumir las consecuencias. El colectivo – que somos todos- debe ser
protegido y tiene derecho a reclamar.
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